El Gobierno de Castilla-La Mancha está decidido a reabrir la Estación de Viticultura y Enología de Alcázar de San Juan, clausurada en agosto de 2012 tras 85 años de trayectoria. Tres años después del polémico cierre, ordenado por la entonces consejera María Luisa Soriano, el nuevo responsable de la cartera de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, se ha comprometido a dar marcha atrás a la decisión adoptada por el anterior ejecutivo autonómico y ha confirmado que la Junta de Comunidades está trabajando para que la nueva estación enológica pueda reanudar su actividad a la mayor brevedad. “Nosotros”, ha declarado, “vamos a abrir la estación de enología, la vamos a abrir porque es un compromiso electoral del Partido Socialista y, por lo tanto, hay un compromiso con los ciudadanos”.
Aprovechando la celebración en la localidad, el pasado 27 de noviembre, del programa de Onda Cero “Más de uno”, el consejero Martínez Arroyo explicó, a preguntas del periodista Juan Ramón Lucas, las razones de la reapertura. “El compromiso”, dijo, “no es solamente del programa electoral, es un compromiso de realidad con el territorio”. “El vino de Castilla-La Mancha”, añadió, “se elabora aquí, en esta zona, y esa estación enológica estaría a punto de cumplir casi 100 años, y no es entendible que el gobierno anterior cerrara esa estación enológica, aquí, donde se elabora el vino. Evidentemente, la enológica tiene que estar en La Mancha, tiene que estar aquí donde se elabora el vino”.
Precisamente, el hecho de que el consejero se refiriera, durante la entrevista, a conceptos geográficos genéricos como “el territorio”, “esta zona” o “La Mancha”, sin aludir específicamente a la localidad de Alcázar de San Juan como sede de la nueva estación enológica, ha contribuido a mantener la incertidumbre que existe sobre su ubicación definitiva, pese a lo cual, la alcaldesa Rosa Melchor, también presente en el programa radiofónico, se mostró confiada en que “pronto habrá buenas noticias”.
La acreditación oficial Enac
En cuanto a la posible fecha de reapertura, el consejero adelantó su intención de que el proyecto pueda concretarse en los próximos meses. “Estamos trabajando”, sostuvo, “para que a primeros del año que viene ese tema esté resuelto”. De cualquier modo, indicó que si bien la puesta en marcha de la estación enológica es un asunto relativamente sencillo, existe una parte más compleja, que se refiere a la consecución de la acreditación por parte de la Entidad Nacional de Acreditación (Enac).
Hay que recordar que el laboratorio de Alcázar de San Juan había invertido mucho tiempo y dinero en obtener y mantener la acreditación de Enac, el único organismo de España que está dotado de potestad pública para cumplir esa función. No obstante, como consecuencia del cierre ordenado en 2012, la empresa pública Geacam, titular del laboratorio, solicitó a Enac la retirada voluntaria de su acreditación (nº765/LE1414), que se hizo efectiva el día 25 de enero de 2013.
“La acreditación”, según confirmaron fuentes de Enac a la revista “Enólogos”, “es la herramienta empleada internacionalmente para generar confianza sobre la actuación de un tipo de organizaciones muy determinado que se denominan de manera general Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC), entre los que se incluyen los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entidades de inspección, entidades de certificación y verificadores”. “Para lograr esa confianza y credibilidad”, añaden, “es preciso contar con un mecanismo independiente, riguroso y global que garantice su competencia técnica y su sujeción a normas internacionales. Y eso es exactamente en lo que consiste la acreditación, el reconocimiento, de acuerdo con normas internacionales, de su competencia”.
El laboratorio de Tomelloso
El cierre de la Enológica de Alcázar de San Juan, en el mes de agosto de 2012, en medio de la campaña de vendimia, provocó el inmediato traslado de parte de sus recursos al Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (Ivicam), con sede en Tomelloso, donde la Consejería de Agricultura se apresuró a abrir un nuevo laboratorio en sustitución del anterior, que comenzó su actividad el día 7 de septiembre del mismo año. La estrategia de la consejera Soriano, según manifestó públicamente, consistía en centralizar los servicios de analítica e investigación en la sede del Ivicam, ofreciendo la misma calidad y consiguiendo un sensible ahorro de los costes.
Lo que ocurrió, en realidad, es que ni se mantuvo la calidad, ni se logró un ahorro para el presupuesto público. El recorte del programa de investigación del Ivicam en un 87% (de 1.192.030 euros en 2011 a 153.000 euros en 2013 y 2014) redujo al mínimo las líneas de investigación del instituto y, al mismo tiempo, la pérdida de la acreditación Enac que ostentaba el laboratorio de Alcázar alimentó la huida de bodegas castellanomanchegas a otros laboratorios de dentro y fuera de la región. Más tarde, de acuerdo a fuentes sindicales, la Junta de Comunidades inició, a su vez, el traslado de parte de los recursos existentes en Tomelloso a la capital regional, con la idea de crear un centro de referencia en Toledo.
El desmantelamiento de las “joyas de la corona”
De este modo, en apenas tres años, el gobierno de la mayor región vitivinícola del mundo desmanteló dos de sus “joyas de la corona”. Por un lado, el Ivicam, referente de investigación en toda España desde su creación en 1999. Y, por otro, la Estación de Viticultura y Enología de Alcázar de San Juan, fundada en 1927 y con unos registros anuales de 20.000 informes de ensayo y 80.000 determinaciones analíticas de promedio, lo que la convertía en una de las más relevantes de España dentro de su ámbito.
Al final, la administración autonómica no sólo no logró el pretendido ahorro económico, utilizado como argumento justificativo, sino que tuvo que asumir mayores gastos, además de la destrucción de empleo y la pérdida del servicio. Respecto al laboratorio de Alcázar, la empresa pública Geacam fue condenada por despido nulo, lo que la obligó a asumir un desembolso que multiplicó el importe del supuesto déficit, cifrado en 15.000 euros. En cuanto al Ivicam, el hipotético ahorro que se hubiera podido derivar del desmantelamiento del programa de investigación se evaporó, ya que el gobierno regional decidió gastarse más de un millón y medio de euros en organizar dos ediciones de la llamada Cumbre del Vino, un evento lanzado a bombo y platillo que discurría en apenas 72 horas con una función fundamentalmente promocional.
La justificación del cierre de la Enológica de Alcázar
Justificar el cierre de un laboratorio de referencia por un pretendido ahorro de 15.000 euros y gastarse, a continuación, un millón y medio de euros en un evento promocional no contribuyó, precisamente, a reforzar la posición del gobierno de María Dolores de Cospedal y su consejera de Agricultura, quien en aquel momento recibió el apoyo explícito del ex alcalde alcazareño, Diego Ortega. El máximo regidor de la localidad manchega hizo hincapié, asimismo, en que la estación enológica de su ciudad representaba una “competencia desleal” frente a los otros laboratorios privados existentes en la región. Una reflexión que, desde luego, no se habían planteado los alcaldes de las localidades en las que estaban situadas las estaciones enológicas del resto de España.
Por su parte, la ex consejera Soriano llegó a afirmar, en sede parlamentaria, que la decisión de cerrar la Estación Enológica de Alcázar de San Juan era obligada porque existían tres laboratorios en un radio de 30 kilómetros que desarrollaban las mismas funciones, lo que, desde su punto de vista, suponía “un despilfarro” que los ciudadanos no podían entender.
El mutismo del sector ante el cierre
En aquellas fechas, los recortes sociales eran moneda corriente y el cierre de la Enológica de Alcázar dejó en la calle a siete trabajadoras y acabó con más de ocho décadas de trayectoria, en medio del mutismo de la mayoría de las bodegas, consejos reguladores y organizaciones patronales. Ni siquiera las asociaciones profesionales de enólogos se atrevieron a criticar la medida, más preocupadas, aparentemente, por llegar a acuerdos con el Gobierno regional en beneficio de sus propios intereses. Sólo algunos partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación alzaron la voz ante la situación.
Concretamente, la revista “Enólogos” desveló que, en realidad, el laboratorio de Geacam, de Tomelloso, al que se refería la consejera, no analizaba muestras de vino sino de ganado bovino. Del mismo modo que el mencionado tercer laboratorio, que la entonces consejera situaba en la sede del Ivicam, tampoco realizaba funciones de análisis de vinos y mostos como el de Alcázar de San Juan, sino que estaba centrado específicamente en la investigación vitivinícola. En cualquier caso, el hecho de que el cierre de la Enológica de Alcázar de San Juan se basara en argumentos que resultaron falsos y engañosos, en tanto que faltos de veracidad, no varió en nada la decisión adoptada ni hizo que la consejera Soriano se retractara en ningún momento. Ahora, tres años después, la Estación de Viticultura y Enología de Alcázar de San Juan parece encontrarse ante una segunda oportunidad. El tiempo dirá si la reapertura se produce en la misma localidad que la vio nacer hace 88 años o si la decisión definitiva continúa alimentando la polémica surgida en 2012.
